Cuba – reforma constitucional

„Plenitude of power is nothing else than violence.”

Plenitudo potestatis nihil aliud est quam violentia.

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/07/30/descargue-el-proyecto-de-constitucion-de-la-republica-de-cuba-pdf/#.W2fir9IzbIU

ARTÍCULO 5.
El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado.
Organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos.
ARTÍCULO 6.
La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud cubana de vanguardia, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado, contribuye a la formación en los jóvenes de los principios revolucionarios y éticos de nuestra sociedad, y promueve su participación activa en la edificción del socialismo.

http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2018/07/2018_07_25-21_10-Tabloide-Constituci%C3%B3n-sin-precio-BN.pdf

El próximo 13 de agosto, coincidiendo con un nuevo aniversario del natalicio de Fidel, comenzará una fase decisiva del proceso de reforma constitucional: el examen por todo el pueblo del proyecto de nueva Constitución aprobado el pasado domingo por el voto unánime de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Ciertamente, hay que trabajar por desterrar de nuestra práctica política la unanimidad a ultranza, pero la alcanzada en este caso aparece cargada de importantes contenidos y  mensajes: la de ser resultado de la labor consciente de nuestros diputados profundizando en el estudio del anteproyecto presentado por una comisión de sus iguales presidida por Raúl, que recogió la labor desarrollada durante largo tiempo por numerosos compatriotas conocedores del tema, del debate libre sobre sus contenidos, debate sustantivo salpicado solo por algunas declaraciones de ratificación que se alejaron del propósito fundamental, del interés colectivo de alcanzar el consenso.

Nadie se creyó dueño de la verdad. Fue una construcción colectiva en la diversidad de puntos de vista que devino muestra de cómo los diferentes colectivos laborales, estudiantiles, comunitarios, barriales debemos afrontar ahora el conocimiento, discusión y enriquecimiento del ahora proyecto de nueva Constitución.

La transmisión en vivo de todo el debate, que deberá ser algo cotidiano y ojala siempre en tiempo real, demostró la confianza devuelta por nuestra ANPP al soberano, que eligió a los miembros con su voto.

Sobre la coyuntura de la consulta nacional

El debate de la reforma constitucional y el referendo que la legitimará por el voto soberano del pueblo cubano se producen en una situación nacional e internacional en extremo complicada.

En el orden externo, la presión que ejercen hacia nuestra región los intereses de los poderes nortecéntricos anclados en el mundo político del Estado norteamericano y -con sus particularidades y especificidades- hacia Cuba, fluye por diferentes caminos: el político, el diplomático, el económico, y entre ellos con especial fuerza e intencionalidad en el terreno de los valores, los patrones de conducta, la deformación de las necesidades humanas y su correlato consumista, la desvalorización de nuestra cultura y modo de vida, cumpliendo una función retardataria y anuladora de los procesos emancipatorios y políticos de nuestros pueblos.

No se trata de la simpleza de creer que hay un gigantesco cerebro macabro detrás de cada acción o expresión proveniente del Estado norteamericano, como tampoco de la ingenuidad de suponer que este no ha desarrollado estructuras concertadas de inteligencia, intromisión y manipulación -que incluyen a la ciudadanía de su propio país, sobre la cual ejerce una influencia hegemónica-, encargadas de coordinar sus acciones para consolidar y potenciar su poder.

Como una constante permanece la histórica agresividad de la política del Estado norteamericano, claramente probada en el dilatado bloqueo económico contra Cuba, la creciente amenaza del empleo de la fuerza contra Venezuela, la intromisión deliberada en Nicaragua, el incremento de las bases y avanzadas militares.

Si la sociedad cubana no defiende la cohesión de la nación frente a tan colosales presiones perderemos todos, salvo los pocos que indolentes ante tan catastrófico retroceso puedan beneficiarse de esa derrota.

En el orden interno, es elemental reconocer que la actual es la primera Constitución cubana vigente por más de cuarenta años, que fue discutida en su origen, enriquecida y refrendada por la inmensa mayoría de la ciudadanía, modificada en dos ocasiones con decisivo respaldo popular, válida en sus principios ideológicos y políticos fundacionales del Estado socialista cubano, pero necesitada hoy de una reforma integral que de no realizarse estaría incapacitada de cumplir con su principal función como Ley de leyes, cual es establecer en las nuevas condiciones los fundamentos de la organización política, de la reproducción de los órganos de poder, los deberes y derechos de la ciudadanía, la participación social, el papel del Estado y del Gobierno, las garantías para los ciudadanos.

Los años vividos a partir del Período especial, las transformaciones globales que se han producido en las relaciones internacionales, la desaparición del equilibrio bipolar, el surgimiento de la multipolaridad, los profundos cambios en la cotidianidad de la sociedad cubana, la cual -aun con discretos avances- no logra despegar en el terreno económico, la enfrentan a la urgente necesidad de incrementar las inversiones productivas, mientras persisten trabas tanto en el orden de las leyes y normativas vigentes, la obsolescencia de ciertas estructuras, como por la incapacidad de personas de comprender y asimilar el cambio de situación y de asumir los desafíos y sus responsabilidades. La futura Constitución establecerá un nuevo marco para superar esos obstáculos.

Hay mucha incertidumbre en el mundo y a los países menos desarrollados se les hace más difícil concretar sus metas, pero lejos de ser esto un factor de desaliento que solo conduciría a poner al país en las manos de las transnacionales, constituye un estímulo al pensamiento colectivo sobre los modos de preservar, construir y cuidar la vida, la naturaleza, el medio ambiente, los valores ideo-políticos y culturales, las conquistas de la revolución socialista, en primer lugar el poder político del pueblo trabajador.

La revolución socialista cubana disolvió las bases económicas del sistema capitalista dependiente, disolvió sus instituciones superestructurales, disolvió el grueso de las influencias ideo-educativas contrarias al socialismo y comenzó a construir una sociedad nueva que ha pasado por diferentes modelos siempre en la perspectiva de la igualdad, la equidad y la justicia social. Sin embargo, aun con todos esos esfuerzos por décadas no pudo disolver la psicología del intercambio de equivalentes y hoy estamos compelidos a reconocer el papel de las relaciones mercantiles dentro de una economía mixta, sin lo cual será imposible en las presentes condiciones y por largo tiempo organizar eficientemente el metabolismo socioeconómico de la sociedad cubana.

Se suma a lo anterior la realidad del descreimiento en fórmulas que no ofrezcan resultados prácticos concretos, el lento despegue de la empresa socialista, todo lo cual pone en un punto decisivo el significado de la aprobación del proyecto de reforma constitucional, que debe dar cuenta del espacio adecuado para poder impulsar con el vigor necesario la recuperación de la actividad socioeconómica, a la par que defender las principales conquistas sociales de la Revolución.

Las ventajas estriban en la experiencia acumulada tanto de los éxitos como de los errores, la cultura política de la ciudadanía, la conciencia acerca de la importancia estratégica que para la independencia nacional, nuestra identidad cultural y la soberanía de la nación tiene confirmar la vocación socialista mayoritaria del pueblo cubano, a la vez que dar una muestra al mundo de la cohesión política, de la unidad nacional dentro de la diversidad, del ejercicio democrático que significará la participación social en el debate para enriquecer el proyecto. Su aprobación por el esperado voto mayoritario de la ciudadanía equivaldrá a dar por positivo el balance de toda la experiencia de 60 años de transformación cultural revolucionaria de la sociedad cubana y el respaldo a continuar el proceso de construcción social de orientación socialista.

Con la aprobación de la reforma constitucional estaremos impulsando un proceso de reinstitucionalización de la sociedad, imprescindible para establecer las bases legales de la articulación eficiente de las actividades socioeconómica, organizativa, jurídica normativa e ideológica política, que permita aprovechar el lado positivo de las relaciones mercantiles, a la par que situar los límites necesarios para que el mercado no imponga su jerarquía a la sociedad.

Una gran escuela nacional de constitucionalismo

Cada ciudadano cubano tiene el derecho y el deber cívico de conocer a fondo el anteproyecto que aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular, exponer libremente sus puntos de vista sean o no coincidentes con el texto propuesto, intercambiar opiniones, escuchar y hacerse una visión panorámica propia, proponer los cambios que considere necesarios, explicar sus discrepancias, aclarar sus dudas, todo con la finalidad de forjar y fortalecer en el propio proceso de análisis la cohesión política dentro de la diversidad de puntos de vista.

El momento es ahora, quien deje para después su participación pierde la oportunidad de contribuir a su enriquecimiento y de aprender en este proceso. El propio debate, independientemente de los cambios que como resultado de este se incluyan en el proyecto que irá a referendo, deberá constituir una gran escuela nacional de constitucionalismo.

Los medios de comunicación social del país deberán reflejar la riqueza del debate de la ciudadanía, la diversidad real de criterios que existe en la sociedad cubana, contribuyendo así a enriquecer la subjetividad ciudadana en torno al texto constitucional.

Riqueza, propiedad y símbolos: tres temas controvertidos

En el debate del anteproyecto protagonizado por nuestro Parlamento el tema de la riqueza y de la propiedad fue ampliamente discutido y obviamente será asunto importante en el próximo análisis por toda la ciudadanía. De éste saldrán con toda seguridad enfoques que permitan ver esos complejos temas con mayor claridad y especialmente pulsar en el transcurso de ese examen ciudadano cómo lo que quede finalmente en el texto constitucional que se someterá a referendo puede ser más funcional para la realidad cubana actual y en los próximos años dentro de la perspectiva socialista.

Por ejemplo, si alguien tiene suficientes recursos para ponerlos a disposición de un emprendimiento de capital mixto con el Estado, estará obviamente incrementando su propiedad y su riqueza, por más que lo haría vinculado con la propiedad de todo el pueblo.

Es elemental que en la nueva Constitución debe prevalecer el enfoque más amplio en sus postulados, pero en todos los casos en línea de modo inequívoco con los principios fundamentales de la revolución socialista para evitar que futuras interpretaciones de formulaciones constitucionales laxas terminen alejándose de estos y cabe esperar como resultado del debate nacional más claridad en estos temas.

Tanto en los Lineamientos como en la Conceptualización, documentos igualmente discutidos por el pueblo y aprobados, se establece la prohibición de la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales. Estos límites no pasan de ser enunciados por ahora generales, pero imprescindibles, pues tal como dijo una de las diputadas en el debate recordando la relación entre propiedad privada y poder político, no puede hablarse de construcción social de orientación socialista si no hay límites a la propiedad privada y al enriquecimiento y su conversión en propiedad personal, suponiendo que ello no significará un incremento de la influencia individual de quien posee tales posibilidades.

Construir una sociedad de orientación socialista significa mantener a raya los principales resortes del resurgimiento del poder del capitalismo: la propiedad privada y las ganancias. Para ello estarán las leyes, la política fiscal, los instrumentos a disposición del Estado.

Es deber del Estado propiciar el desarrollo armónico de nuestra economía mixta reconociendo la diversidad de formas de propiedad y de organización del trabajo de modo que haya el necesario estímulo a la eficiencia productiva, al ahorro y a la inversión, pero en la relación contradictoria capital-trabajo el Estado socialista soportado por el pueblo trabajador, tiene el deber de estar siempre a favor del trabajo, de modo directo o indirecto, ya que determinadas prioridades en el desarrollo económico pueden demandar temporalmente concesiones al polo capital dentro del marco constitucional, con plena transparencia y dentro del consenso político.

En lo tocante a los símbolos no puede dejarse de tener en cuenta que el propio proceso revolucionario, la transformación cultural política de la sociedad cubana, desterró del mundo simbólico un conjunto de denominaciones propias de la república neocolonial capitalista dependiente tales como: alcalde, concejal, senador, representante, etc., ninguna de las cuales per se, en tanto significantes tienen mayor importancia, pero innecesarias cuando en nuestra práctica política, la más consciente y dilatada de la historia de la nación cubana hemos empleado denominaciones como por ejemplo “delegado”, haciendo homenaje a la herencia martiana, y que de emplear aquellas constituiría una innecesaria ruptura simbólica con la continuidad de la tradición política revolucionaria que no tendría nada de novedoso.

La responsabilidad del partido

A partir del surgimiento del partido y de ponerse al frente de la sociedad cubana, y ser después legitimado ese papel en el referendo constitucional de 1976, ha sido -como sigue siendo hoy- el principal responsable de los aciertos y los errores en el proceso de construcción social de orientación socialista en nuestro país y garante principal de la cohesión política de la nación.

Por tal razón, cuando el pueblo acuda a las urnas a refrendar los cambios constitucionales, se pondrá a prueba el apoyo de la sociedad cubana al papel dirigente del Partido Comunista de Cuba.

La determinación del carácter democrático de un sistema político sobre la base de si hay o no pluripartidismo es una falacia, un falso problema que esquiva lo esencial: la participación social, el pluralismo político y la distribución justa de las riquezas. Es decir, democracia política, diversidad de puntos de vista político, formas racionales y justas de distribución de la riqueza, acceso universal a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura, derechos políticos en pie de igualdad, donde el acceso a las posiciones de representación del pueblo no esté determinado por campañas amañadas, por las presiones de intereses corporativos, por el dinero, sino por los probados méritos individuales de los nominados y elegidos por el pueblo.

El PCC -que es la forma histórica en que ha cristalizado en nuestra sociedad el eje cultural-político de la unidad nacional- sigue siendo esencial para un camino propio de construcción social y lo será mientras la propia sociedad cubana lo necesite, mientras deba enfrentar desafíos de la magnitud de los que enfrenta hoy o aún mayores.

Su condición de fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado no significa en modo alguno que el partido queda por encima de la Constitución. El propio mandato constitucional significa que el partido tiene que subordinarse a la Ley fundamental en todo su accionar ideológico y político. Es la Ley fundamental la que habilita al partido en sus responsabilidades políticas como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, la primera de las cuales es la observancia estricta de los preceptos constitucionales.

Ese imperativo le impone en el presente y el futuro la necesidad de mantener una capacidad de renovación que mantenga la eficacia en el desempeño de su cometido sociohistórico, a tono con el propósito de modernización que persigue la reforma constitucional, y de trabajar por el creciente empoderamiento de la sociedad, por la ampliación de su propia democracia y de la democracia en toda la sociedad cubana.

Es poco razonable proyectar a mediano plazo la actividad partidista, sin tener en cuenta los posibles escenarios en los que se encontrará la sociedad cubana como resultado de los cambios en el orden interno y de la situación en nuestro entorno latinoamericano y caribeño e internacional en general. Los años por venir necesitarán un partido más vinculado con la sociedad, en especial con los hombres y mujeres trabajadores manuales e intelectuales y con la juventud estudiantil, que son los sectores más activos y enérgicos, nutrirse de la inteligencia y vitalidad del pueblo, a la par que establecer vínculos de diálogo e interacción sólidos, fluidos y permanentes, basados en el principio explicado por Fidel acerca de que es en el pueblo donde se concentra la mayor sabiduría y es el pueblo el gran maestro de los revolucionarios.

El partido es parte de la sociedad, su papel es velar por estimular el pensamiento, la creatividad, los análisis, ocuparse de mediar positivamente en el constante diálogo nacional, es responsable por  la correcta interpretación del consenso y por elaborar su síntesis, por la orientación de las energías sociales; es el principal garante de la democracia socialista, de la plena participación ciudadana, del poder político del pueblo trabajador; le corresponde promover el ideal socialista y velar por su necesaria renovación a tono con los cambios pautados por el desarrollo de la sociedad.

Lo que legitima y a la vez fortalece el papel dirigente superior del partido es su capacidad para cultivar, articular e interpretar cabalmente el consenso ciudadano, su aplomo y luz larga para escuchar cualquier criterio por contrario, peregrino e impropio que pueda parecer. El partido debe ser siempre la encarnación viva de la democracia socialista.

El PCC es sin duda la entidad política del país que cuenta con la mayor experiencia, organización, disciplina y capacidad para conducir, como establece la Constitución, los destinos de la sociedad y del Estado. Pero hay síntomas que revelan la necesidad de una reflexión acerca del papel del partido en las actuales y futuras condiciones económicas y políticas de la sociedad cubana.

El partido ha sido el principal impulsor y coordinador de los Lineamientos que han comenzado a cambiar la visión de la construcción económica, ha promovido -a través de la conceptualización- una visión más idónea del ideal socialista, ha establecido normas para asegurar un proceso ordenado de sucesión generacional apoyando la promoción a posiciones importantes en la actividad política y gubernamental a nuevos líderes, pero no ha sometido a una rigurosa revisión la práctica del centralismo democrático, no ha balanceado cuánto de democracia y cuánto de centralismo hay en su funcionamiento y los resultados positivos o negativos de su realización en la práctica. Hacerlo redundará sin dudas en su desarrollo y fortalecimiento y con ello el de toda la sociedad.

El día después

Hay todavía un largo camino. La tarea no termina con el referendo, sino que realmente comienza cuando sea aprobada por el voto libre de la ciudadanía la nueva Constitución. En lo inmediato se imponen transformaciones necesarias de actuales leyes y decretos y la eventual aprobación de otros, lo que requerirá también de una activa participación ciudadana. Pero también, y es de elemental honestidad reconocerlo, los cubanos no somos precisamente un ejemplo de educación jurídica. La tarea que tenemos por delante requiere de todos un esfuerzo especial para conocer con el mayor detalle la nueva Constitución y después para pensar nuestra actuación no solo desde una perspectiva ideológica y política, sino también jurídica.

Una vez aprobada deberemos ser sus celosos depositarios y cumplidores, en primer lugar, la ciudadanía en general, los medios de comunicación social, el Estado y sus instituciones, las organizaciones sociales y profesionales, todo el que detenta una responsabilidad social o política, en particular los encargados de velar por la correcta aplicación de las leyes.

http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/07/29/la-reforma-constitucional/#.W2XvzNIzbIV

305. d) adoptar acuerdos en correspondencia
con las leyes vigentes y velar
por su cumplimiento;
306. e) ejercer el control de constitucionalidad
sobre las leyes, decretos-leyes,
decretos presidenciales,
decretos y demás disposiciones generales,
de conformidad con el procedimiento
previsto en la ley;
307. f) revocar total o parcialmente los
decretos-leyes y acuerdos del Consejo
de Estado que contradigan la
Constitución o las leyes;
308. g) revocar total o parcialmente los
decretos presidenciales, decretos,
acuerdos o disposiciones generales
que contradigan la Constitución o
las leyes;
309. h) revocar total o parcialmente los
acuerdos o disposiciones de las
asambleas municipales del Poder
Popular que violen la Constitución,
las leyes, los decretos-leyes, los decretos
presidenciales, decretos y
demás disposiciones dictadas por
un órgano de superior jerarquía, o
los que afecten los intereses de otras
localidades o los generales del país;
310. i) discutir y aprobar los objetivos generales
y metas de los planes anuales
y los de desarrollo económico y
social a mediano o largo plazos;
311. j) aprobar los principios del sistema
de dirección de la economía
nacional;
312. k) discutir y aprobar el presupuesto
del Estado y controlar su cumplimiento;

313. l) acordar los sistemas monetario,
financiero y fiscal;
314. m) establecer o extinguir los tributos;

315. n) aprobar los lineamientos generales
de la política exterior e interior;
316. ñ) declarar el Estado de Guerra o la
Guerra en caso de agresión militar
y aprobar los tratados de paz;
317. o) establecer y modificar la división
político-administrativa; aprobar regímenes
de subordinación administrativa,
sistemas de regulación especiales
a municipios u otras demarcaciones
territoriales y los distritos administrativos,
conforme a lo establecido en
la Constitución y las leyes;
318. p) nombrar comisiones permanentes,
temporales y grupos parlamentarios
de amistad;
319. q) ejercer la más alta fiscalización
sobre los órganos del Estado;
320. r) conocer y evaluar los informes y
análisis de los sistemas empresariales
estatales que, por su magnitud
y trascendencia económica y social,
sean pertinentes;
321. s) conocer, evaluar y adoptar decisiones
sobre los informes de rendición
de cuenta que le presenten el
Consejo de Estado, el Presidente de
la República, el Primer Ministro, el
Consejo de Ministros, el Tribunal
Supremo Popular, la Fiscalía General
de la República, la Contraloría
General de la República y los organismos
de la Administración Central
del Estado, así como los gobiernos
provinciales;
322. t) crear o extinguir los organismos
de la Administración Central del
Estado o disponer cualquier otra
medida organizativa que resulte
procedente;
323. u) conceder amnistías;
324. v) disponer la convocatoria de referendos
o plebiscitos en los casos
previstos en la Constitución y en
otros que la propia Asamblea considere
procedente;
325. w) acordar su reglamento y el del
Consejo de Estado, y
326. x) las demás atribuciones que le
confiere esta Constitución.
327. ARTÍCULO 104. La Asamblea Nacional
del Poder Popular, en ejercicio
de sus atribuciones:
328. a) elige al Presidente y Vicepresidente
de la República;
329. b) elige a su Presidente, Vicepresidente
y Secretario;
330. c) elige a los integrantes del Consejo
de Estado;
331. d) designa, a propuesta del Presidente
de la República, al Primer Ministro;
332. e) designa, a propuesta del Presidente
de la República, a los Viceprimeros
ministros y demás miembros
del Consejo de Ministros;
333. f) elige al Presidente del Tribunal
Supremo Popular, al Fiscal General
de la República y al Contralor General
de la República;
334. g) elige al Presidente y a los demás
integrantes del Consejo Electoral
Nacional;
335. h) elige a los vicepresidentes y a los
magistrados del Tribunal Supremo
Popular, así como a los jueces legos
de esta instancia;
336. i) elige a los vicefiscales y vicecontralores
generales de la República;
337. j) designa, a propuesta del Presidente
de la República, a los gobernadores
provinciales, y
338. k) revoca o sustituye a las personas
elegidas o designadas por ella.
339. La ley regula el procedimiento para
hacer efectivas estas atribuciones.
340. ARTÍCULO 105. La Asamblea Nacional
del Poder Popular en su funcionamiento
se rige por los principios
siguientes:
341. a) las leyes y acuerdos que emite,
salvo las excepciones previstas en la
Constitución, se adoptan por mayoría
simple de votos;
342. b) se reúne en dos períodos ordinarios
de sesiones al año y en
sesión extraordinaria cuando la
convoque el Consejo de Estado o
lo solicite la tercera parte de sus
miembros. En las sesiones extraordinarias
se tratan los asuntos que la motivaron;
343. c) para poder celebrar sus sesiones
se requiere la presencia de más de
la mitad del número total de los diputados
que la integran, y
344. d) sus sesiones son públicas, excepto
cuando la propia Asamblea acuerde
celebrarlas a puertas cerradas por
razón de interés de Estado.
345. ARTÍCULO 106. Corresponde al
Presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular:
346. a) cumplir y velar por el respeto a la
Constitución y las leyes;
347. b) presidir las sesiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular y
del Consejo de Estado, y velar por la
aplicación del Reglamento de ambos
órganos;
348. c) convocar las sesiones ordinarias
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular;
349. d) convocar las sesiones ordinarias
y extraordinarias del Consejo de
Estado;
350. e) proponer el proyecto de orden del
día de las sesiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular y del
Consejo de Estado;
351. f) firmar las leyes, decretos-leyes y
acuerdos adoptados por la Asamblea
Nacional del Poder Popular y
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el Consejo de Estado, según corresponda,
y disponer la publicación de
los acuerdos de ambos órganos en
la Gaceta Oficial de la República;
352. g) dirigir las relaciones internacionales
de la Asamblea Nacional
del Poder Popular y del Consejo
de Estado;
353. h) dirigir y organizar la labor de las
comisiones permanentes y temporales
que sean creadas por la Asamblea
Nacional del Poder Popular o el
Consejo de Estado, según corresponda;

354. i) dirigir y organizar las relaciones
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular y del Consejo de Estado con
los órganos estatales;
355. j) velar por el cumplimiento de los
acuerdos de la Asamblea Nacional
del Poder Popular y del Consejo de
Estado;
356. k) velar por el adecuado vínculo entre
los diputados y los electores, y
357. l) las demás atribuciones que por
esta Constitución, la Asamblea Nacional
del Poder Popular o el Consejo
de Estado se le asignen.
358. ARTÍCULO 107. En caso de ausencia,
enfermedad o muerte del Presidente
de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, lo sustituye en sus
funciones el Vicepresidente, conforme
a lo establecido en la ley.
359. SECCIÓN SEGUNDA:
DIPUTADOS Y COMISIONES DE LA
ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER
POPULAR
360. ARTÍCULO 108. Los diputados
tienen el deber de desarrollar sus
labores en beneficio de los intereses
del pueblo, mantener vínculo
con sus electores, atender
sus planteamientos, sugerencias,
críticas y explicarles la política
del Estado. Asimismo, rendirán
cuenta del cumplimiento de sus
funciones como tal, según lo establecido
en la ley.
361. La Asamblea Nacional del Poder
Popular adopta las medidas que
garanticen la adecuada vinculación
de los diputados con sus electores
y con los órganos locales del Poder
Popular en el territorio donde fueron
elegidos.
362. ARTÍCULO 109. Ningún diputado
puede ser detenido ni sometido a
proceso penal sin autorización de la
Asamblea Nacional del Poder Popular
o del Consejo de Estado si no
está reunida aquella, salvo en caso
de delito flagrante.
363. ARTÍCULO 110. La condición de
diputado no entraña privilegios personales
ni beneficios económicos.
Durante el tiempo que empleen en
el desempeño efectivo de sus funciones,
los diputados perciben la misma
remuneración de su centro de trabajo
y mantienen el vínculo con este, a
los efectos pertinentes.
364. ARTÍCULO 111. A los diputados les
puede ser revocado su mandato en
cualquier momento, en la forma,
por las causas y según los procedimientos
establecidos en la ley.
365. ARTÍCULO 112. Los diputados, en
el curso de las sesiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular,
tienen el derecho de hacer preguntas
al Consejo de Estado y al Consejo
de Ministros o a los miembros
de uno y otro, y a que estas les sean
respondidas en el curso de la misma
o en la próxima sesión.
366. ARTÍCULO 113. La Asamblea Nacional
del Poder Popular para el
mejor ejercicio de sus funciones,
crea comisiones permanentes y
temporales integradas por diputados,
conforme a sus principios
de organización y funcionamiento
previstos en la ley.
367. Entre los períodos de sesiones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,
el Consejo de Estado coordina
el trabajo de las comisiones de
aquella y garantiza las condiciones
necesarias para su funcionamiento.
368. ARTÍCULO 114. Los diputados y
las comisiones tienen el derecho
de solicitar a los órganos o entidades
la colaboración necesaria para
el cumplimiento de sus funciones, y
estos están en la obligación de prestarla
en los términos establecidos
en la ley.
369. SECCIÓN TERCERA:
CONSEJO DE ESTADO
370. ARTÍCULO 115. El Consejo de Estado
tiene carácter colegiado, es
responsable ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular y le rinde
cuenta de todas sus actividades.
371. Los decretos-leyes y acuerdos que
adopte el Consejo de Estado se someten
a la ratificación de la Asamblea
Nacional del Poder Popular en
la sesión más próxima.
372. ARTÍCULO 116. El Presidente, el
Vicepresidente y el Secretario de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,
lo son a su vez del Consejo de
Estado, el que está integrado por los
demás miembros que aquella decida.
373. No pueden integrar el Consejo de
Estado los miembros del Consejo
de Ministros, ni las máximas autoridades
de los órganos judiciales,
electorales y de control estatal.
374. ARTÍCULO 117. Corresponde al
Consejo de Estado:
375. a) velar por el cumplimiento de la
Constitución y las leyes;
376. b) dar a las leyes vigentes, en caso
necesario, una interpretación general
y obligatoria;
377. c) dictar decretos-leyes y acuerdos,
entre uno y otro período de sesiones
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular;
378. d) disponer la celebración de sesiones
extraordinarias de la Asamblea
Nacional del Poder Popular;
379. e) acordar la fecha de las elecciones
para la renovación periódica de la
Asamblea Nacional del Poder Popular;
380. f) analizar los proyectos de leyes
que se someten a la consideración
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular;
381. g) velar por el cumplimiento de los
acuerdos de la Asamblea Nacional
del Poder Popular;
382. h) suspender los decretos presidenciales,
decretos, acuerdos y demás
disposiciones que contradigan
la Constitución y las leyes, dando
cuenta a la Asamblea Nacional del
Poder Popular en la primera sesión
que celebre después de acordada
dicha suspensión;
383. i) suspender los acuerdos y disposiciones
de las asambleas municipales
del Poder Popular que no se
ajusten a la Constitución o a las leyes,
los decretos-leyes, los decretos
presidenciales, decretos y demás
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disposiciones dictadas por un órgano
de superior jerarquía; o los
que afecten los intereses de otras
localidades o los generales del país,
dando cuenta a la Asamblea Nacional
del Poder Popular en la primera
sesión que celebre después de acordada
dicha suspensión;
384. j) revocar o modificar los acuerdos
y demás disposiciones de los gobernadores
y consejos provinciales
que contravengan la Constitución,
las leyes, los decretos-leyes, los decretos
presidenciales, decretos y
demás disposiciones dictadas por
un órgano de superior jerarquía,
o cuando afecten los intereses de
otras localidades o los generales del
país;
385. k) elegir, designar, suspender, revocar
o sustituir, entre uno y otro período
de sesiones de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, a quienes deban
ocupar los cargos que le corresponde
a esta decidir, a excepción del Presidente
y Vicepresidente de la República,
el Presidente, Vicepresidente y
Secretario de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, a los integrantes
del Consejo de Estado y al Primer
Ministro. Al Presidente del Tribunal
Supremo Popular, al Fiscal General
de la República, al Contralor General
de la República y al Presidente
del Consejo Electoral Nacional, solo
los puede suspender del ejercicio de
sus responsabilidades.
En todos los casos, da cuenta a la
Asamblea Nacional del Poder Popular
en su sesión más próxima, a
los efectos que corresponda;
386. l) asumir, a propuesta del Presidente
de la República, las facultades de
declarar el Estado de Guerra o la
Guerra en caso de agresión o concertar
la paz, que la Constitución
atribuye a la Asamblea Nacional
del Poder Popular, cuando esta se
halle en receso y no pueda ser convocada
con la seguridad y urgencia
necesarias;
387. m) impartir instrucciones de carácter
general a los tribunales a través
del Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular;
388. n) crear comisiones;
389. ñ) ratificar y denunciar tratados internacionales;

390. o) designar y remover, a propuesta
del Presidente de la República, a los
jefes de misiones diplomáticas de
Cuba ante otros Estados;
391. p) ejercer, entre uno y otro período
de sesiones de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, el control
y fiscalización de los órganos
del Estado;
392. q) durante los períodos que medien
entre una y otra sesión de la Asamblea
Nacional del Poder Popular,
crear o extinguir los organismos de
la Administración Central del Estado
o disponer cualquier otra medida
organizativa que resulte procedente;

393. r) aprobar las modalidades de inversión
extranjera que le corresponden;
394. s) examinar y aprobar, entre uno
y otro período de sesiones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular,
los ajustes que sean necesarios
realizar al presupuesto del Estado;
395. t) coordinar y garantizar las actividades
de los diputados y de las comisiones
permanentes y temporales
de trabajo, y
396. u) las demás atribuciones que le
confieran la Constitución y las leyes
o le encomiende la Asamblea Nacional
del Poder Popular.
397. ARTÍCULO 118. Todas las decisiones
del Consejo de Estado son adoptadas
por el voto favorable de la mayoría
simple de sus integrantes.
398. ARTÍCULO 119. El mandato confiado
al Consejo de Estado por la
Asamblea Nacional del Poder Popular
expira al tomar posesión el
nuevo Consejo de Estado elegido en
virtud de las renovaciones periódicas
de aquella.
399. CAPÍTULO III:
PRESIDENTE Y VICEPRESI- DENTE DE LA REPÚBLICA
400. ARTÍCULO 120. El Presidente de
la República es el Jefe del Estado.
401. ARTÍCULO 121. El Presidente de la
República es elegido por la Asamblea
Nacional del Poder Popular de
entre sus diputados, por un período
de cinco años, y le rinde cuenta a
esta de su gestión.
402. Para ser elegido Presidente de la
República se requiere el voto favorable
de la mayoría absoluta.
403. El Presidente de la República puede
ejercer su cargo hasta dos períodos
consecutivos, luego de lo cual no
puede desempeñarlo nuevamente.
404. ARTÍCULO 122. Para ser Presidente
de la República se requiere haber
cumplido treinta y cinco años de
edad, hallarse en pleno goce de los
derechos civiles y políticos, ser ciudadano
cubano por nacimiento y
no tener otra ciudadanía.
405. Se exige además tener hasta sesenta
años de edad para ser elegido en
este cargo en un primer período.
406. ARTÍCULO 123. Corresponde al
Presidente de la República:
407. a) cumplir y velar por el respeto a la
Constitución y las leyes;
408. b) representar al Estado y dirigir su
política general;
409. c) dirigir la política exterior, las relaciones
con otros Estados y la relativa
a la defensa y la seguridad nacional;
410. d) refrendar las leyes y decretos-leyes
que emita la Asamblea Nacional del
Poder Popular o el Consejo de Estado,
y disponer su publicación en
la Gaceta Oficial de la República,
de conformidad con lo previsto en
la ley;
411. e) presentar a la Asamblea Nacional
del Poder Popular, una vez elegido
por esta, en esa sesión o en la
próxima, los miembros del Consejo
de Ministros;
412. f ) proponer a la Asamblea Nacional
del Poder Popular o al Consejo
de Estado, según corresponda, la
elección, designación, suspensión,
revocación o sustitución en sus
funciones del Primer Ministro, del
Presidente del Tribunal Supremo
Popular, del Fiscal General de la
República, del Contralor General
de la República, del Presidente
del Consejo Electoral Nacional,
de los miembros del Consejo de
Ministros y de los gobernadores
provinciales;
413. g) conocer, evaluar y adoptar decisiones
sobre los informes de rendición
de cuenta que le presente el
Primer Ministro sobre su gestión, la
del Consejo de Ministros o la de su
Comité Ejecutivo;
19
414. h) desempeñar la Jefatura Suprema
de las instituciones armadas y determinar
su organización general;
415. i) presidir el Consejo de Defensa
Nacional y proponer a la Asamblea
Nacional del Poder Popular o al
Consejo de Estado, según proceda,
declarar el Estado de Guerra o la
Guerra en caso de agresión militar;
416. j) decretar la Movilización General
cuando la defensa del país lo exija,
así como declarar el Estado de
Emergencia y la Situación de Desastre,
en los casos previstos en la
Constitución, dando cuenta de su
decisión, tan pronto las circunstancias
lo permitan, a la Asamblea
Nacional del Poder Popular o al
Consejo de Estado; de no poder reunirse
aquella, a los efectos legales
procedentes;
417. k) ascender en grado y cargo a los
oficiales de mayor jerarquía de las
instituciones armadas de la nación y
disponer el cese de estos, de conformidad
con el procedimiento previsto
en la ley;
418. l) decidir el otorgamiento de la ciudadanía
cubana, aceptar las renuncias
y disponer sobre la privación de
esta;
419. m) proponer, de conformidad con
lo previsto en la Constitución y la
ley, la suspensión, modificación o
revocación de las disposiciones y
acuerdos de los órganos del Estado
que contradigan la Constitución,
las leyes o afecten los intereses generales
del país;
420. n) dictar, en el ejercicio de sus atribuciones,
decretos presidenciales y
otras disposiciones para poner en
vigor sus decisiones;
421. ñ) crear comisiones o grupos de trabajo
temporales para la realización
de tareas específicas;
422. o) proponer al Consejo de Estado la
designación o remoción de los jefes
de misiones diplomáticas de Cuba
ante otros Estados;
423. p) conceder o retirar el rango de embajador
de la República de Cuba;
424. q) otorgar condecoraciones y títulos
honoríficos;
425. r) otorgar o negar, en representación
de la República de Cuba, el
beneplácito a los representantes diplomáticos
de otros Estados;
426. s) recibir las cartas credenciales de
los jefes de las misiones extranjeras.
El Vicepresidente podrá asumir
esta función excepcionalmente;
427. t) conceder indultos y solicitar a la
Asamblea Nacional del Poder Popular
la concesión de amnistías;
428. u) participar por derecho propio en
las reuniones del Consejo de Estado
y convocarlas cuando lo considere;
429. v) presidir las reuniones del Consejo
de Ministros o su Comité Ejecutivo, y
430. w) las demás atribuciones que por la
Constitución o las leyes se le asignen.
431. ARTÍCULO 124. Para ser Vicepresidente
de la República se requiere
haber cumplido treinta y cinco años
de edad, hallarse en pleno goce de
los derechos civiles y políticos, ser
ciudadano cubano por nacimiento
y no tener otra ciudadanía.
432. Es elegido de la misma forma y por
igual período que el Presidente de
la República.
433. ARTÍCULO 125. El Vicepresidente
de la República cumple las atribuciones
que le sean delegadas o asignadas
por el Presidente de la República.
434. ARTÍCULO 126. En caso de ausencia,
enfermedad o muerte del Presidente
de la República, lo sustituye
temporalmente en sus funciones el
Vicepresidente hasta tanto sea elegido
por la Asamblea Nacional del
Poder Popular el nuevo Presidente
de la República.
435. Cuando quede vacante el cargo de
Vicepresidente de la República, la
Asamblea Nacional del Poder Popular
elige a su sustituto.
436. Si la ausencia es definitiva, tanto del
Presidente como del Vicepresidente
de la República, la Asamblea Nacional
del Poder Popular elige a sus sustitutos.
Hasta tanto se realice la elección,
el Presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular asume
interinamente el cargo de Presidente
de la República.
437. La ley regula el procedimiento para
su cumplimiento.
438. ARTÍCULO 127. El Presidente y Vicepresidente
de la República se mantienen
en sus cargos hasta la elección
de sus sucesores por la Asamblea Nacional
del Poder Popular.
439. CAPÍTULO IV:
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
440. SECCIÓN PRIMERA:
CONSEJO DE MINISTROS
441. ARTÍCULO 128. El Consejo de Ministros
es el máximo órgano ejecutivo
y administrativo, constituye el
Gobierno de la República.
442. ARTÍCULO 129. El Consejo de Ministros
está integrado por el Primer
Ministro, los Viceprimeros Ministros,
los Ministros, el Secretario y
los otros miembros que determine
la ley.
443. En las sesiones del Consejo de Ministros
participa, por derecho propio,
el Secretario General de la Central
de Trabajadores de Cuba.
444. ARTÍCULO 130. El Primer Ministro,
los Viceprimeros Ministros,
el Secretario y otros miembros del
Consejo de Ministros que determine
el Presidente de la República, integran
su Comité Ejecutivo.
445. El Comité Ejecutivo puede decidir
sobre las cuestiones atribuidas al
Consejo de Ministros, durante los
períodos que medien entre una y
otra de sus reuniones.
446. ARTÍCULO 131. El Consejo de Ministros
es responsable y periódicamente
rinde cuenta de sus actividades
ante la Asamblea Nacional del
Poder Popular.
447. ARTÍCULO 132. Corresponde al
Consejo de Ministros:
448. a) velar por el cumplimiento de la
Constitución y las leyes;
449. b) organizar y dirigir la ejecución de
las actividades políticas, económicas,
culturales, científicas, sociales y de la
defensa acordadas por la Asamblea
Nacional del Poder Popular;
450. c) proponer los objetivos generales
y metas para la elaboración de los
planes anuales y los de desarrollo
económico-social del Estado, a mediano
y largo plazos y, una vez aprobados
por la Asamblea Nacional del
Poder Popular, organizar, dirigir y
controlar su ejecución;
451. d) aprobar y someter a la decisión
del Consejo de Estado los tratados
internacionales;
452. e) dirigir y controlar el comercio exterior
y la inversión extranjera;
20
453. f) elaborar el proyecto de presupuesto
del Estado y, una vez aprobado
por la Asamblea Nacional del Poder
Popular, velar por su ejecución;
454. g) implementar y exigir el cumplimiento
de los objetivos aprobados
para fortalecer los sistemas monetario,
financiero y fiscal;
455. h) elaborar proyectos legislativos y
someterlos a la consideración de la
Asamblea Nacional del Poder Popular
o del Consejo de Estado, según
proceda;
456. i) proveer a la defensa nacional, al
mantenimiento de la seguridad y
orden interior, y a la protección de
los derechos ciudadanos, así como a
la salvaguarda de vidas y bienes en
caso de desastres naturales;
457. j) dirigir la administración del Estado,
así como unificar, coordinar y fiscalizar
la actividad de los organismos
de la Administración Central del Estado,
de las entidades nacionales y
de las administraciones locales;
458. k) conocer, evaluar y tomar decisiones
sobre los informes de rendición
de cuenta que le presenten los gobernadores
provinciales;
459. l) autorizar la creación de delegaciones
territoriales y otras entidades
de los organismos de la Administración
Central del Estado, así
como organizaciones superiores de
dirección empresarial;
460. m) crear, modificar o extinguir entidades
subordinadas o adscriptas
al Consejo de Ministros o a los organismos
de la Administración Central
del Estado;
461. n) orientar y controlar la gestión de
los gobernadores provinciales;
462. ñ) designar o sustituir, a propuesta
de los gobernadores, a los vicegobernadores
provinciales;
463. o) aprobar o autorizar las modalidades
de inversión extranjera que le
correspondan;
464. p) ejecutar las leyes y acuerdos de
la Asamblea Nacional del Poder Popular,
así como los decretos-leyes y
disposiciones del Consejo de Estado,
los decretos presidenciales y, en
caso necesario, dictar los reglamentos
correspondientes;
465. q) dictar decretos y acuerdos sobre la
base y en cumplimiento de las leyes
vigentes y controlar su ejecución;
466. r) proponer al Consejo de Estado la
suspensión de los acuerdos de las
asambleas municipales del Poder
Popular que contravengan las leyes y
demás disposiciones vigentes, o que
afecten los intereses de otras comunidades
o los generales del país;
467. s) suspender los acuerdos y demás
disposiciones de los consejos
provinciales y de los consejos de
la administración municipal que
no se ajusten a la Constitución,
las leyes, decretos-leyes, decretos
presidenciales, decretos y demás
disposiciones de los órganos superiores,
o cuando afecten los intereses
de otras localidades o los
generales del país, dando cuenta
al Consejo de Estado o a la Asamblea
Municipal del Poder Popular,
a los efectos que proceda según
corresponda;
468. t) revocar total o parcialmente las
disposiciones que emitan los gobernadores
provinciales, cuando contravengan
la Constitución, las leyes,
los decretos-leyes, decretos presidenciales,
decretos y demás disposiciones
dictadas por un órgano de
superior jerarquía, o los que afecten
los intereses de otras localidades o
los generales del país;
469. u) revocar total o parcialmente las
disposiciones de los jefes de organismos
de la Administración Central
del Estado, cuando contravengan
las normas superiores que les
sean de obligatorio cumplimiento;
470. v) crear las comisiones que estime
necesarias para facilitar el cumplimiento
de las tareas que le están
asignadas;
471. w) designar o sustituir a los directivos
y funcionarios de acuerdo con
las facultades que le confiere la ley;
472. x) someter a la aprobación de la
Asamblea Nacional del Poder Popular
o del Consejo de Estado su
reglamento, y
473. y) las demás atribuciones que le
confieran las leyes o le encomiende
la Asamblea Nacional del Poder Popular
o el Consejo de Estado.
474. ARTÍCULO 133. El Consejo de Ministros
tiene carácter colegiado y
sus decisiones son adoptadas por el
voto favorable de la mayoría simple
de sus integrantes.
475. ARTÍCULO 134. El Consejo de Ministros
se mantiene en funciones
hasta tanto sea designado el Gobierno
en la nueva legislatura.
476. SECCIÓN SEGUNDA:
PRIMER MINISTRO
477. ARTÍCULO 135. El Primer Ministro
es el Jefe de Gobierno de la República.
478. ARTÍCULO 136. El Primer Ministro
es designado por la Asamblea
Nacional del Poder Popular, a propuesta
del Presidente de la República,
por un período de cinco años.
479. Para ser designado Primer Ministro
se requiere el voto favorable de
la mayoría absoluta.
480. ARTÍCULO 137. El Primer Ministro
es responsable ante la Asamblea
Nacional del Poder Popular y ante
el Presidente de la República, a los
cuales rinde cuenta e informa de su
gestión, de la del Consejo de Ministros
o de su Comité Ejecutivo, en las
ocasiones que se le indique.
481. ARTÍCULO 138. Para ser Primer
Ministro se requiere ser diputado a
la Asamblea Nacional del Poder Popular,
haber cumplido treinta y cinco
años de edad, hallarse en pleno
goce de los derechos civiles y políticos,
ser ciudadano cubano por nacimiento
y no tener otra ciudadanía.
482. ARTÍCULO 139. Corresponde al
Primer Ministro:
483. a) cumplir y velar por el respeto a la
Constitución y las leyes;
484. b) representar al Gobierno de la
República;
485. c) convocar y dirigir las sesiones del
Consejo de Ministros o de su Comité
Ejecutivo;
486. d) atender y controlar el desenvolvimiento
de las actividades de los organismos
de la Administración Central
del Estado, de las entidades nacionales
y de las administraciones locales;
487. e) asumir la dirección de cualquier
organismo de la Administración
Central del Estado;
488. f) solicitar al Presidente de la República
que interese a los órganos
pertinentes la sustitución de los integrantes
del Consejo de Ministros
y, en cada caso, proponer los sustitutos
correspondientes;
21
489. g) ejercer el control sobre la labor
de los jefes de los organismos de la
Administración Central del Estado;
490. h) impartir instrucciones a los gobernadores
provinciales;
491. i) adoptar de forma excepcional
decisiones sobre los asuntos ejecutivo-administrativos
competencia
del Consejo de Ministros, cuando el
carácter apremiante de la situación
o el tema a solucionar lo exijan, informándole
posteriormente a ese
órgano o a su Comité Ejecutivo;
492. j) designar o sustituir a los directivos
y funcionarios, de acuerdo con
las facultades que le confiere la ley;
493. k) firmar las disposiciones legales
adoptadas por el Consejo de Ministros
o por su Comité Ejecutivo e
indicar su publicación en la Gaceta
Oficial de la República;
494. l) crear comisiones o grupos de trabajo
temporales para la realización
de tareas específicas, y
495. m) cualquier otra atribución que le
asignen la Constitución y las leyes.
496. SECCIÓN TERCERA:
MIEMBROS DEL CONSEJO
DE MINISTROS
497. ARTÍCULO 140. Corresponde a los
miembros del Consejo de Ministros:
498. a) representar al Consejo de Ministros
o a su Primer Ministro en las
circunstancias que así se disponga;
499. b) cumplir los acuerdos y demás
disposiciones del Consejo de Ministros
y su Comité Ejecutivo que les
correspondan e informar al respecto
al Primer Ministro;
500. c) cumplir con las tareas que les
asigne el Primer Ministro y ejercer
las atribuciones que, en cada caso,
este les delegue;
501. d) dirigir los asuntos y tareas del
Ministerio u organismo a su cargo,
dictando las resoluciones y disposiciones
necesarias;
502. e) dictar, cuando no sea atribución
expresa de otro órgano estatal, las
disposiciones que se requieran para
la ejecución y aplicación de las leyes,
decretos-leyes y otras disposiciones
que les conciernen;
503. f) asistir a las sesiones del Consejo
de Ministros, con voz y voto, y presentar
a este proyectos de leyes, decretos-leyes,
decretos, resoluciones,
acuerdos o cualquier otra proposición
que estimen conveniente;
504. g) designar o sustituir a los directivos
y funcionarios de acuerdo con las facultades
que les confiere la ley, y
505. h) cualquier otra atribución que les
asignen la Constitución y las leyes.
506. SECCIÓN CUARTA:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL ESTADO
507. ARTÍCULO 141. El número, denominación,
misión y funciones de los
ministerios y demás organismos que
forman parte de la Administración
Central del Estado, son determinados
por la ley.
508. CAPÍTULO V:
LAS LEYES
509. ARTÍCULO 142. La iniciativa de
las leyes compete:
510. a) al Presidente de la República;
511. b) a los diputados de la Asamblea
Nacional del Poder Popular;
512. c) al Consejo de Estado;
513. d) al Consejo de Ministros;
514. e) a las comisiones de la Asamblea
Nacional del Poder Popular;
515. f ) al Consejo Nacional de la Central
de Trabajadores de Cuba y a
las direcciones nacionales de las
demás organizaciones de masas y
sociales;
516. g) al Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular, en materia
relativa a la administración de justicia;

517. h) a la Fiscalía General de la República,
en materia de su competencia;

518. i) a la Contraloría General de la República,
en materia de su competencia;

519. j) al Consejo Electoral Nacional, en
materia electoral, y
520. k) a los ciudadanos. En este caso
será requisito indispensable que
ejerciten la iniciativa como mínimo
diez mil electores.
521. La ley establece el procedimiento
para hacer efectivo su ejercicio.
522. ARTÍCULO 143. Las leyes y decretos-leyes
que emitan la Asamblea
Nacional del Poder Popular o el
Consejo de Estado, según corresponda,
entran en vigor en la fecha
que, en cada caso, determine la propia
disposición normativa.
523. Las leyes, decretos-leyes, decretos
presidenciales, decretos, resoluciones
y demás disposiciones de interés
general que se emitan por los
órganos competentes, se publican
en la Gaceta Oficial de la República.
524. La ley establece el procedimiento
para la entrada en vigor y publicación
de las disposiciones normativas.
525. CAPÍTULO VI:
TRIBUNALES DE JUSTICIA
526. ARTÍCULO 144. La función de
impartir justicia dimana del pueblo
y es ejercida a nombre de este
por el Tribunal Supremo Popular y
los demás tribunales que la ley instituye.

527. La ley establece los principales objetivos
de la actividad judicial y regula
la organización de los tribunales; la
extensión de su jurisdicción y competencia;
la forma en que se constituyen
para los actos de impartir
justicia; la participación de los jueces
legos; los requisitos que deben
reunir los magistrados del Tribunal
Supremo Popular y demás jueces;
la forma de elección de estos y las
causas y procedimientos para la revocación
o cese en el ejercicio de sus
funciones.
528. ARTÍCULO 145. Los tribunales
constituyen un sistema de órganos
estatales, estructurados con independencia
funcional de cualquier otro.
529. El Tribunal Supremo Popular ejerce
la máxima autoridad judicial y
sus decisiones son definitivas.
530. A través de su Consejo de Gobierno
ejerce la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria, toma decisiones
y dicta normas de obligado
cumplimiento por todos los tribunales
y, sobre la base de la experiencia
de estos, imparte instrucciones de
carácter obligatorio para establecer
una práctica judicial uniforme en la
interpretación y aplicación de la ley.
531. ARTÍCULO 146. Los magistrados y
jueces legos del Tribunal Supremo
Popular son elegidos por la Asamblea
22
Nacional del Poder Popular o, en su
caso, por el Consejo de Estado.
532. La ley determina la elección de los
demás jueces.
533. ARTÍCULO 147. Los magistrados
y jueces, en su función de impartir
justicia, son independientes y no
deben obediencia más que a la ley.
534. Asimismo, son inamovibles en su
condición mientras no concurran
causas legales para el cese o revocación
en sus funciones.
535. ARTÍCULO 148. Las sentencias y demás
resoluciones firmes de los tribunales,
dictadas dentro de los límites
de su competencia, son de obligatorio
cumplimiento por los órganos
del Estado, las entidades y los ciudadanos,
tanto por los directamente
afectados por ellos, como por los
que no teniendo interés directo en
su ejecución tengan que intervenir
en esta.
536. ARTÍCULO 149. En los actos judiciales
que participen jueces legos,
estos tienen iguales derechos y deberes
que los jueces profesionales.
El desempeño de sus funciones judiciales,
dada su importancia social,
tiene prioridad con respecto a
su ocupación laboral habitual.
537. ARTÍCULO 150. En todos los tribunales
las audiencias son públicas, a
menos que razones de seguridad estatal,
moralidad, orden público o el
respeto a la persona agraviada por
el delito o a sus familiares, aconsejen
celebrarlas a puertas cerradas.
538. ARTÍCULO 151. El Tribunal Supremo
Popular rinde cuenta ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular
de los resultados de su trabajo en
la forma y con la periodicidad que
establece la ley.
539. ARTÍCULO 152. La facultad de revocación
de los magistrados y jueces
corresponde al órgano que los elige.
540. CAPÍTULO VII:
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
541. ARTÍCULO 153. La Fiscalía General
de la República es el órgano
del Estado que tiene como misión
fundamental ejercer el control de
la investigación penal y el ejercicio
de la acción penal pública en representación
del Estado, así como velar
por el estricto cumplimiento de
la Constitución, las leyes y demás
disposiciones legales por los órganos
del Estado, las entidades y por
los ciudadanos.
542. La ley determina los demás objetivos
y funciones, así como la forma,
extensión y oportunidad en que la
Fiscalía ejerce sus facultades.
543. ARTÍCULO 154. La Fiscalía General
de la República constituye una
unidad orgánica indivisible y con
independencia funcional, subordinada
al Presidente de la República.
544. Al Fiscal General de la República
corresponde la dirección y reglamentación
de la actividad de la Fiscalía
en todo el territorio nacional.
545. Los órganos de la Fiscalía se organizan
verticalmente en toda la nación,
están subordinados solamente a la
Fiscalía General de la República y
son independientes de todo órgano
local.
546. ARTÍCULO 155. El Fiscal General de
la República y los vicefiscales generales
son elegidos y pueden ser revocados,
según corresponda, por la Asamblea
Nacional del Poder Popular, o en
su caso por el Consejo de Estado.
547. ARTÍCULO 156. La Fiscalía General
de la República rinde cuenta de su
gestión ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular, en la forma y con
la periodicidad que establece la ley.
548. CAPÍTULO VIII:
CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
549. ARTÍCULO 157. La Contraloría
General de la República es el órgano
del Estado que tiene como misión
fundamental el control superior
sobre la gestión administrativa
y velar por la correcta y transparente
administración de los fondos públicos.

550. La ley regula las demás funciones y
aspectos relativos a su actuación.
551. ARTÍCULO 158. La Contraloría
General de la República goza de autonomía
e independencia funcionales
de cualquier órgano local, está
estructurada verticalmente en todo
el país y se subordina al Presidente
de la República.
552. El Contralor General de la República
es su máxima autoridad y le corresponde
la dirección y reglamentación
de la actividad de la Contraloría en
todo el territorio nacional.
553. ARTÍCULO 159. La Contraloría General
de la República rinde cuenta
de su gestión ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular en la forma
y periodicidad prevista en la ley.
554. ARTÍCULO 160. El Contralor General
de la República y los vicecontralores
generales son elegidos o
revocados, según corresponda, por
la Asamblea Nacional del Poder Popular
o el Consejo de Estado.
555. TÍTULO VII:
ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL
DEL ESTADO
556. ARTÍCULO 161. El territorio nacional,
para los fines político-administrativos,
se divide en provincias y
municipios; su número, límites y denominación
se establecen en la ley.
557. La ley podrá establecer otras divisiones
y atribuir regímenes de subordinación
administrativa y sistemas de
regulación especiales a municipios
u otras demarcaciones territoriales
que se determine, atendiendo a su
ubicación geográfica o importancia
económica y social. En todos los
casos se garantiza la representación
del pueblo por medio de los órganos
del Poder Popular.
558. En los municipios pueden organizarse
distritos administrativos, de
acuerdo con la ley.
559. ARTÍCULO 162. La provincia tiene
personalidad jurídica propia a todos
los efectos legales y se organiza por
la ley como nivel intermedio entre
el Gobierno de la República y el del
municipio, con una extensión superficial
equivalente a la del conjunto
de municipios comprendidos en su
demarcación territorial, bajo la dirección
de un Gobierno Provincial.
23
560. ARTÍCULO 163. El municipio es la
sociedad local, organizada por la ley,
que constituye la unidad política primaria
y fundamental de la organización
nacional; goza de autonomía y
personalidad jurídica, propias a todos
los efectos legales, con una extensión
territorial determinada por necesarias
relaciones de vecindad, económicas
y sociales de su población e intereses
de la nación, con el propósito
de lograr la satisfacción de las necesidades
locales. Cuenta con ingresos
propios y las asignaciones que recibe
del Gobierno de la República, en función
del progreso económico, el desarrollo
social de su territorio y otros
fines del Estado, bajo la dirección de
una Asamblea del Poder Popular y su
Consejo de la Administración.
561. ARTÍCULO 164. La autonomía del
municipio comprende la elección
de sus autoridades, la facultad para
decidir sobre la utilización de sus recursos
y el ejercicio de las competencias
que le corresponden, con arreglo
a la Constitución y a las leyes.
562. La autonomía se ejerce de conformidad
con los principios de solidaridad,
coordinación y colaboración
con el resto de los territorios del
país, y sin detrimento de los intereses
superiores de la nación.
563. TÍTULO VIII:
ÓRGANOS
LOCALES
DEL PODER
POPULAR
564. CAPÍTULO I:
GOBIERNO PROVINCIAL
565. SECCIÓN PRIMERA:
DISPOSICIONES GENERALES
566. ARTÍCULO 165. En cada provincia
rige un Gobierno Provincial conformado
por un Gobernador y un Consejo
Provincial.
567. ARTÍCULO 166. El Gobierno Provincial
tiene como misión fundamental
trabajar por el desarrollo
económico y social de su territorio,
conforme a los objetivos generales
del país, y actúa como coordinador
entre el Gobierno de la República
y los municipios, para lo cual dirige,
controla, orienta y contribuye
a la armonización de los intereses
propios de la provincia y sus municipios,
y ejerce las atribuciones y
funciones reconocidas en la Constitución
y las leyes.
568. ARTÍCULO 167. El Gobierno Provincial
coadyuva al desarrollo de las
actividades y al cumplimiento de los
planes de las entidades establecidas
en su territorio que no le estén subordinadas,
conforme a lo dispuesto
en la Constitución y las leyes.
569. ARTÍCULO 168. El Gobierno Provincial,
en el ejercicio de sus funciones y
atribuciones, no puede asumir ni interferir
en las que, por la Constitución
y las leyes, se les confieren a los órganos
municipales del Poder Popular.
570. SECCIÓN SEGUNDA:
GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR
PROVINCIAL
571. ARTÍCULO 169. El Gobernador
Provincial representa al Estado en
su territorio y es el máximo responsable
ejecutivo-administrativo en su
provincia.
572. ARTÍCULO 170. El Gobernador
Provincial es designado, a propuesta
del Presidente de la República, por
la Asamblea Nacional del Poder Popular,
o en su caso por el Consejo de
Estado, por el término de cinco años.
573. ARTÍCULO 171. Para ser Gobernador
Provincial se requiere ser ciudadano
cubano por nacimiento y no
tener otra ciudadanía, haber cumplido
treinta años de edad, residir
en la provincia y hallarse en el pleno
goce de los derechos civiles y políticos.
574. ARTÍCULO 172. El Gobernador es
responsable ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular, el Consejo
de Estado y el Consejo de Ministros,
a los que les rinde cuenta e informa
de su gestión, en la oportunidad y
sobre los temas que le soliciten.
575. ARTÍCULO 173. El Gobernador,
conforme a los principios establecidos
por el Consejo de Ministros,
organiza y dirige la administración
provincial para lo cual se asiste de
la entidad administrativa correspondiente.
576. La ley determina la creación, estructura
y funcionamiento de la
Administración Provincial, así
como sus relaciones con los órganos
nacionales y municipales del
Poder Popular.
577. ARTÍCULO 174. Corresponde al
Gobernador Provincial:
578. a) cumplir y hacer cumplir, en lo
que le concierne, la Constitución y
las leyes adoptadas por los órganos
competentes del Estado;
579. b) convocar y presidir las reuniones
del Consejo Provincial;
580. c) dirigir, coordinar y controlar la
labor de las estructuras organizativas
de la Administración Provincial
y, en el marco de su competencia,
dictar disposiciones y adoptar las
decisiones que correspondan;
581. d) exigir y controlar el cumplimiento
del plan de la economía y
la ejecución del presupuesto de la
provincia, conforme a la política
acordada por los órganos nacionales
competentes;
582. e) exigir y controlar el cumplimiento
de los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial y urbano;
583. f) proponer al Consejo de Ministros
la designación del Vicegobernador
Provincial;
584. g) designar y sustituir a los directivos
y funcionarios de la Administración
Provincial, y someter a
la ratificación del Consejo Provincial
aquellos casos previstos por la
ley;
585. h) presentar al Consejo de Ministros,
previa consulta con el Consejo
Provincial, las propuestas de políticas
que contribuyan al desarrollo
integral de la provincia;
586. i) poner en conocimiento del Consejo
de Ministros, previa consulta
con el Consejo Provincial, aquellas
decisiones de los órganos de superior
jerarquía que afecten los intereses
de la comunidad o considere
extralimitan las facultades de quien
las adoptó;
24
587. j) suspender los acuerdos y disposiciones
de los consejos de la administración
municipal, que no se ajusten
a la Constitución, las leyes, decretos-leyes,
decretos presidenciales,
decretos y demás disposiciones de
los órganos del Estado, o cuando
afecten los intereses de otras localidades
o los generales del país, dando
cuenta a la respectiva Asamblea
Municipal del Poder Popular en la
primera sesión que celebre después
de acordada dicha suspensión;
588. k) revocar o modificar las disposiciones
que sean adoptadas por las
autoridades administrativas provinciales
a él subordinadas, que contravengan
la Constitución, las leyes y
demás disposiciones vigentes, o que
afecten los intereses de otras comunidades
o los generales del país;
589. l) crear comisiones o grupos temporales
de trabajo;
590. m) disponer la publicación de los
acuerdos del Consejo Provincial de
interés general y controlar su ejecución;
y
591. n) las demás atribuciones que por
esta Constitución o las leyes se le
asignen.
592. ARTÍCULO 175. El Vicegobernador
es designado por el Consejo de
Ministros, a propuesta del Gobernador
Provincial, y por igual período
que este.
593. Para ser Vicegobernador Provincial
se exigen los mismos requisitos establecidos
para el cargo de Gobernador
Provincial.
594. ARTÍCULO 176. El Vicegobernador
Provincial cumple las atribuciones
que le delegue o asigne el
Gobernador Provincial.
595. Asimismo, sustituye al Gobernador
Provincial en caso de ausencia temporal
o muerte, conforme al procedimiento
previsto en la ley.
596. SECCIÓN TERCERA:
CONSEJO PROVINCIAL
597. ARTÍCULO 177. El Consejo Provincial
es el órgano colegiado y deliberativo
que cumple las funciones previstas
en esta Constitución y las leyes.
598. Sus decisiones son adoptadas por
el voto favorable de la mayoría simple
de sus integrantes.
599. El Consejo Provincial es presidido
por el Gobernador e integrado por
derecho propio, por el Vicegobernador
Provincial, los presidentes de
las asambleas locales del Poder Popular
correspondientes, los intendentes
municipales y demás miembros
que determine la ley.
600. ARTÍCULO 178. El Consejo Provincial
celebra sus reuniones ordinarias
con la periodicidad que fija la ley, y
las extraordinarias cuando las convoque
el Gobernador o las soliciten
la mitad de sus integrantes.
601. ARTÍCULO 179. Corresponde al
Consejo Provincial:
602. a) cumplir y hacer cumplir, en lo
que le concierne, la Constitución,
las leyes y demás disposiciones de
carácter general adoptadas por los
órganos del Estado, así como sus
acuerdos;
603. b) aprobar y controlar, en lo que le
corresponda, el plan de la economía
y el presupuesto de la provincia;
604. c) adoptar acuerdos en el marco de
la Constitución y las leyes;
605. d) orientar y coordinar en el territorio
las actividades políticas, económicas,
culturales, científicas, sociales
y de la defensa, que por el Estado se
dispongan;
606. e) evaluar los resultados de la gestión
de las administraciones municipales
y definir las acciones a realizar;
607. f) analizar periódicamente la atención
brindada por las entidades provinciales
y municipales a los planteamientos
de los electores y las quejas
y denuncias de la población;
608. g) hacer recomendaciones al Gobernador
sobre su informe de rendición
de cuenta y sobre otros temas
que este le consulte;
609. h) proponer al Consejo de Estado la
suspensión de los acuerdos o disposiciones
de las asambleas municipales
del Poder Popular de su demarcación,
cuando contravengan las
normas legales superiores o afecten
los intereses de la comunidad;
610. i) proponer a la Asamblea Nacional
del Poder Popular la revocación o
modificación de los acuerdos o disposiciones
de las asambleas municipales
del Poder Popular de su demarcación,
cuando contravengan
las normas legales superiores o afecten
los intereses de la comunidad;
611. j) crear comisiones o grupos temporales
de trabajo, y
612. k) las demás atribuciones que la
Constitución o las leyes le asignen.
613. CAPÍTULO II:
ÓRGANOS MUNICIPALES
DEL PODER POPULAR
614. SECCIÓN PRIMERA:
ASAMBLEA MUNICIPAL
DEL PODER POPULAR
615. ARTÍCULO 180. La Asamblea
Municipal del Poder Popular es
el órgano superior local del poder
del Estado en su demarcación y,
en consecuencia, está investida de
la más alta autoridad para el ejercicio
de las funciones estatales en
su territorio; para ello, dentro del
marco de su competencia, ejerce las
atribuciones que la Constitución y
las leyes le asignan.
616. ARTÍCULO 181. La Asamblea Municipal
del Poder Popular está integrada
por los delegados elegidos en
cada circunscripción en que a los
efectos electorales se divide su territorio,
mediante el voto libre, igual,
directo y secreto de los electores.
617. ARTÍCULO 182. La Asamblea Municipal
del Poder Popular se renovará
cada cinco años, que es el período
de duración del mandato de
sus delegados.
618. Dicho mandato solo podrá extenderse
por decisión de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, en los
supuestos previstos en la Constitución.
619. ARTÍCULO 183. La Asamblea Municipal
del Poder Popular, al constituirse,
elige de entre sus delegados
a su Presidente y Vicepresidente, y
designa a su Secretario, de conformidad
con el procedimiento previsto
en la ley.
620. El Presidente de la Asamblea Municipal
del Poder Popular representa
al Estado en su demarcación
territorial.
621. La ley establece las atribuciones del
Presidente, del Vicepresidente y del
Secretario de la Asamblea Municipal
del Poder Popular.
25
622. ARTÍCULO 184. Las sesiones ordinarias
y extraordinarias de la
Asamblea Municipal del Poder Popular
son públicas, salvo en el caso
que esta acuerde celebrarlas a puertas
cerradas, por razón de interés de
Estado o porque se traten en ellas
asuntos referidos al decoro de las
personas.
623. ARTÍCULO 185. En las sesiones de
la Asamblea Municipal del Poder
Popular se requiere para su validez
la presencia de más de la mitad del
número total de sus integrantes. Sus
acuerdos se adoptan por mayoría
simple de votos.
624. ARTÍCULO 186. Corresponde a
la Asamblea Municipal del Poder
Popular:
625. a) cumplir y hacer cumplir la Constitución,
las leyes y demás disposiciones
de carácter general adoptadas
por los órganos del Estado;
626. b) aprobar y controlar, en lo que le
corresponda, el plan de la economía,
el presupuesto y el plan de desarrollo
integral del municipio;
627. c) aprobar el plan de ordenamiento
territorial y urbano, y controlar su
cumplimiento;
628. d) elegir, designar, revocar o sustituir
al Presidente, al Vicepresidente
y al Secretario de la propia Asamblea,
según corresponda;
629. e) designar o sustituir al Intendente
Municipal, a propuesta del Presidente
de la propia Asamblea;
630. f) designar o sustituir al resto de los
miembros del Consejo de la Administración
Municipal, a propuesta
de su Intendente;
631. g) adoptar acuerdos y dictar disposiciones
en el marco de su competencia,
sobre asuntos de interés
municipal y controlar su cumplimiento;
632. h) controlar y fiscalizar la actividad
del Consejo de la Administración del
Municipio, auxiliándose para ello
de sus comisiones de trabajo, sin
perjuicio de las actividades de control
a cargo de otros órganos y entidades;
633. i) controlar, en lo que le concierne
y conforme a lo establecido por el
Consejo de Ministros o el Gobierno
Provincial, la organización, funcionamiento
y tareas de las entidades
encargadas de realizar las actividades
económicas, de producción y
servicios, de salud, asistenciales, de
prevención y atención social, científicas,
educacionales, culturales,
recreativas, deportivas y de protección
del medio ambiente en el municipio;
634. j) velar por el fortalecimiento de la
legalidad, el orden interior y la capacidad
defensiva del país, en su
territorio;
635. k) proponer al Consejo de Ministros
o al Gobernador Provincial, según
el caso, la revocación de decisiones
adoptadas por órganos o autoridades
subordinadas a estos;
636. l) revocar o modificar las decisiones
adoptadas por los órganos o autoridades
que le están subordinados,
cuando contravengan las normas
legales superiores, afecten los intereses
de la comunidad, o extralimiten
las facultades de quien las
adoptó;
637. m) aprobar la creación de los consejos
populares del municipio, previa
consulta al Consejo de Estado;
638. n) coadyuvar, de conformidad con
lo previsto en la ley, a la ejecución
de las políticas del Estado en su demarcación,
así como al desarrollo
de las actividades de producción y
servicios de las entidades radicadas
en su territorio que no les estén subordinadas;

639. ñ) crear comisiones de trabajo y
aprobar los lineamientos generales
para su labor, y
640. o) cualquier otra atribución que le
asigne esta Constitución y las leyes.
641. ARTÍCULO 187. La Asamblea Municipal
del Poder Popular para el
ejercicio de sus funciones, se apoya
en los consejos populares, en la iniciativa
y amplia participación de la
población, y actúa en estrecha coordinación
con las organizaciones de
masas y sociales.
642. SECCIÓN SEGUNDA:
DELEGADOS A LA ASAMBLEA
MUNICIPAL DEL PODER POPULAR
643. ARTÍCULO 188. Los delegados
cumplen el mandato que les han
conferido sus electores, en interés
de toda la comunidad, para lo cual
deberán compartir estas funciones,
con sus responsabilidades y tareas
habituales. La ley regula la forma en
que se desarrollan estas funciones.
644. ARTÍCULO 189. Los delegados tienen
los deberes siguientes:
645. a) mantener una relación permanente
con sus electores, promoviendo
la participación de la comunidad
en la solución de sus problemas;
646. b) dar a conocer a la Asamblea Municipal
y a la administración de la
localidad las opiniones, necesidades
y dificultades que les trasmitan
sus electores, y trabajar en función
de gestionar su solución, en lo que
les corresponda;
647. c) informar a los electores sobre la
política que sigue la Asamblea Municipal
y las medidas adoptadas en
atención a sus opiniones y para la
solución de las necesidades planteadas
por la población o las dificultades
para resolverlas;
648. d) rendir cuenta periódicamente
a sus electores de su gestión, conforme
a lo establecido en la ley, e
informar a la Asamblea, a la Comisión
y al Consejo Popular a
que pertenezcan, sobre el cumplimiento
de las tareas que les hayan
sido encomendadas, cuando estas
lo reclamen, y
649. e) cualquier otro que le reconozcan
la Constitución y las leyes.
650. ARTÍCULO 190. Los delegados tienen
los derechos siguientes:
651. a) participar con voz y voto en las
sesiones de la Asamblea Municipal
y en las reuniones de las comisiones
y consejos populares de que formen
parte;
652. b) solicitar información al Presidente,
Vicepresidente y Secretario de la
Asamblea Municipal, a los miembros
de las comisiones y al Consejo
de la Administración sobre temas
relevantes para el ejercicio de sus
funciones, y obtener respuesta en la
propia sesión o lo antes posible;
653. c) solicitar la atención e información
de las entidades radicadas en
el territorio respecto a situaciones o
problemas que afecten a sus electores,
y estas vienen obligadas a responder
con la debida prontitud, y
654. d) cualquier otro que les reconozcan
la Constitución y las leyes.
26
655. ARTÍCULO 191. El mandato de
los delegados es revocable en todo
momento. La ley determina la forma,
las causas y los procedimientos
para su revocación.
656. SECCIÓN TERCERA:
COMISIONES DE LA ASAMBLEA
MUNICIPAL DEL PODER POPULAR
657. ARTÍCULO 192. Las comisiones
permanentes de trabajo son constituidas
por la Asamblea Municipal
del Poder Popular atendiendo a los
intereses específicos de su localidad,
para que la auxilie en la realización
de sus actividades y especialmente
para ejercer el control a las entidades
de subordinación municipal.
658. Del mismo modo, las comisiones
pueden solicitar a entidades de
otros niveles de subordinación que
se encuentren radicadas en su demarcación
territorial, que les informen
sobre aspectos que inciden directamente
en la localidad.
659. Las comisiones de carácter temporal
cumplen las tareas específicas
que les son asignadas dentro del
término que se les señale.
660. SECCIÓN CUARTA:
CONSEJO POPULAR
661. ARTÍCULO 193. El Consejo Popular
es un órgano local del Poder
Popular de carácter representativo,
investido de la más alta autoridad
para el desempeño de sus funciones
y, sin constituir una instancia
intermedia a los fines de la división
político-administrativa, se organiza
en ciudades, pueblos, barrios, poblados
y zonas rurales, a partir de
los delegados elegidos en las circunscripciones
de su demarcación,
los cuales deben elegir entre ellos
quien lo presida.
662. A las reuniones del Consejo Popular
pueden invitarse, según los temas y
asuntos a tratar, representantes de
las organizaciones de masas y sociales,
y de las entidades más importantes
en la demarcación, con
el objetivo principal de fortalecer la
coordinación y el esfuerzo colectivo
en beneficio de la comunidad, siempre
desde las funciones propias que
a cada cual corresponden.
663. ARTÍCULO 194. El Consejo Popular
representa a la población de la
demarcación donde actúa y a la vez
a la Asamblea Municipal del Poder
Popular. Ejerce el control sobre las
entidades de producción y servicios
de incidencia local, y trabaja activamente
para la satisfacción de las necesidades
de la economía, de salud,
asistenciales, educacionales, culturales,
deportivas y recreativas, así
como en las tareas de prevención
y atención social, promoviendo la
mayor participación de la población
y las iniciativas locales para su
consecución.
664. La ley regula la organización y atribuciones
del Consejo Popular.
665. SECCIÓN QUINTA:
GARANTÍAS A LOS DERECHOS
DE PETICIÓN Y PARTICIPACIÓN
POPULAR LOCAL
666. ARTÍCULO 195. La Asamblea
Municipal del Poder Popular, a los
efectos de garantizar los derechos
de petición y de participación ciudadana:
667. a) convoca a consulta popular asuntos
de interés local en correspondencia
con sus atribuciones;
668. b) vela por la correcta atención a las
solicitudes, planteamientos, quejas
y denuncias que se reciban de la población;

669. c) garantiza el derecho de la población
del municipio a proponerle
el análisis de temas de su competencia;
670. d) vela porque se mantenga un adecuado
nivel de información a la población
sobre las decisiones de interés
general que se adoptan por los
órganos del Poder Popular;
671. e) analiza, a petición de los ciudadanos,
los acuerdos y disposiciones
propias o de autoridades municipales
subordinadas, por estimar
aquellos que lesionan sus intereses,
tanto individuales como colectivos,
y adopta las medidas que correspondan,
y
672. f) cualquier otra acción que resulte
necesaria a fin de garantizar estos
derechos.
673. La ley establece la forma y el ejercicio
de estas garantías por los ciudadanos.

674. SECCIÓN SEXTA:
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
675. ARTÍCULO 196. La Administración
Municipal tiene como objetivo
esencial satisfacer las necesidades
de la economía, de salud, asistenciales,
educacionales, culturales,
deportivas y recreativas de la colectividad
del territorio a que se
extiende su jurisdicción, así como
ejecutar las tareas relativas a la prevención
y atención social.
676. La ley determina la organización,
estructura y funcionamiento de la
Administración Municipal.
677. ARTÍCULO 197. El Consejo de la
Administración es designado por
la Asamblea Municipal del Poder
Popular, a la que se le subordina y
rinde cuenta. Su composición, integración
y funciones se establecen
en la ley.
678. ARTÍCULO 198. El Consejo de la
Administración Municipal es presidido
por el Intendente, tiene carácter
colegiado, desempeña funciones
ejecutivo-administrativas y dirige
la Administración Municipal.
679. TÍTULO IX:
SISTEMA
ELECTORAL
680. CAPÍTULO I:
DISPOSICIONES GENERALES
681. ARTÍCULO 199. Todos los ciudadanos,
con capacidad legal para
ello, tienen derecho a intervenir en
la dirección del Estado, bien directamente
o por intermedio de sus
representantes elegidos para integrar
los órganos del Poder Popular
y a participar, con ese propósito, en
la forma prevista en la ley, en elecciones
periódicas, plebiscitos y referendos
populares, que serán de voto
27
libre, igual, directo y secreto. Cada
elector tiene derecho a un solo voto.
682. ARTÍCULO 200. El voto es un derecho
y un deber ciudadano. Lo
ejercen voluntariamente los cubanos,
hombres y mujeres, mayores
de dieciséis años de edad, excepto:
683. a) los incapacitados mentales, previa
declaración judicial de su incapacidad;

684. b) los inhabilitados judicialmente, y
685. c) los que no cumplan con los requisitos
de permanencia en el país
previstos en la ley.
686. ARTÍCULO 201. El Registro de
Electores tiene carácter público y
permanente; lo conforman todos los
ciudadanos con capacidad legal para
ejercer el derecho al voto, de conformidad
con lo previsto en la ley.
687. ARTÍCULO 202. Tienen derecho a
ser elegidos los ciudadanos cubanos,
hombres o mujeres, que se hallen en
el pleno goce de sus derechos políticos
y que cumplan con los demás
requisitos previstos en la ley.
688. Si la elección es para diputados a la
Asamblea Nacional del Poder Popular
deben, además, ser mayores
de dieciocho años de edad.
689. ARTÍCULO 203. Los miembros
de las instituciones armadas tienen
derecho a elegir y a ser elegidos,
igual que los demás ciudadanos.
690. ARTÍCULO 204. La ley determina
la cantidad de diputados que
integran la Asamblea Nacional del
Poder Popular y de delegados que
componen las asambleas municipales
del Poder Popular, en proporción
al número de habitantes de las
respectivas demarcaciones en que,
a los efectos electorales, se divide el
territorio nacional.
691. Los diputados a la Asamblea Nacional
del Poder Popular y los delegados
a las asambleas municipales del
Poder Popular se eligen por el voto
libre, igual, directo y secreto de los
electores. La ley regula el procedimiento
para su elección.
692. ARTÍCULO 205. Para que se considere
elegido un diputado o un delegado
es necesario que haya obtenido
más de la mitad del número de
votos válidos emitidos en la demarcación
electoral de que se trate.
693. De no concurrir esta circunstancia,
o en los demás casos de plazas vacantes,
la ley regula la forma en que
se procederá.
694. CAPÍTULO II:
CONSEJO ELECTORAL
NACIONAL
695. ARTÍCULO 206. El Consejo Electoral
Nacional es el órgano permanente
del Estado que tiene como
misión fundamental organizar,
dirigir y supervisar las elecciones,
consultas populares, plebiscitos y
referendos que se convoquen, las
reclamaciones que en esta materia
se establezcan, así como las demás
funciones reconocidas en la Constitución
y las leyes.
696. El Consejo Electoral Nacional garantiza
la confiabilidad, transparencia,
celeridad, publicidad, autenticidad
e imparcialidad de los
procesos electorales.
697. ARTÍCULO 207. El Consejo Electoral
Nacional tiene autonomía y
responde por el cumplimiento de
sus funciones ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular.
698. Asimismo, una vez culminado cada
proceso electoral, informa de su resultado
a la nación.
699. ARTÍCULO 208. El Consejo Electoral
Nacional está integrado por un Presidente,
un Vicepresidente, un Secretario
y los vocales previstos en la ley.
700. Los integrantes del Consejo Electoral
Nacional son elegidos y revocados,
según corresponda, por la Asamblea
Nacional del Poder Popular o, en su
caso, por el Consejo de Estado.
701. ARTÍCULO 209. La organización,
funcionamiento, integración y designación
de las autoridades electorales
se regula en la ley.
702. No pueden ser miembros de los órganos
electorales los que ocupen
cargos de elección popular.
703. ARTÍCULO 210. El Consejo Electoral
Nacional vela por la confección,
control y actualización del Registro
Electoral, de conformidad con lo establecido
en la ley.
704. ARTÍCULO 211. Todos los órganos
y entidades, sus directivos y funcionarios,
están obligados a colaborar
con el Consejo Electoral Nacional
en el ejercicio de sus funciones.
705. TÍTULO X:
DEFENSA Y
SEGURIDAD
NACIONAL
706. CAPÍTULO I:
DISPOSICIONES GENERALES
707. ARTÍCULO 212. El Estado cubano
fundamenta su política de Defensa y
Seguridad Nacional en la salvaguarda
de la soberanía e independencia
de la nación sobre la base de la prevención
y enfrentamiento permanente
a los riesgos, amenazas y agresiones
que afecten sus intereses.
708. Su concepción estratégica de defensa
se sustenta en la doctrina de la
Guerra de Todo el Pueblo.
709. CAPÍTULO II:
CONSEJO DE DEFENSA
NACIONAL
710. ARTÍCULO 213. El Consejo de Defensa
Nacional es el órgano superior
del Estado, que tiene como misión
fundamental organizar, dirigir
y preparar al país, desde tiempo de
paz, para su defensa, y velar por el
cumplimiento de las normativas vigentes
relativas a la defensa y seguridad
de la nación.
711. Durante las situaciones excepcionales
y de desastre dirige al país y asume
las atribuciones que le corresponden
a los órganos del Estado,
con excepción de la facultad constituyente.
712. ARTÍCULO 214. El Consejo de Defensa
Nacional está integrado por el
Presidente de la República, que lo
preside, quien, a su vez, designa un
Vicepresidente y a los demás miembros
que determine la ley.
713. La ley regula la organización y funcionamiento
del Consejo de Defensa
Nacional y de sus estructuras a
los diferentes niveles.
28
714. CAPÍTULO III:
INSTITUCIONES ARMADAS
DEL ESTADO
715. ARTÍCULO 215. Las instituciones
armadas del Estado son las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y las formaciones
armadas del Ministerio
del Interior, las que para el cumplimiento
de sus funciones cuentan
con la participación de personal
militar y civil.
716. La ley regula la organización y funcionamiento
de estas instituciones,
así como el servicio militar que los
ciudadanos deben prestar.
717. ARTÍCULO 216. Las instituciones
armadas tienen como misión esencial
velar y mantener la independencia
y soberanía del Estado, su
integridad territorial, su seguridad
y la paz.
718. CAPÍTULO IV:
SITUACIONES EXCEPCIONALES
Y DE DESASTRE
719. ARTÍCULO 217. En interés de garantizar
la defensa y la seguridad
nacional, en caso de producirse una
agresión militar o ante la inminencia
de ello u otras circunstancias
que las afecten, pueden decretarse
de forma temporal, en todo el país,
según corresponda, las situaciones
excepcionales del Estado de Guerra
o la Guerra, la Movilización General
y el Estado de Emergencia, esta
última también puede decretarse
en una parte del territorio nacional.
720. La ley regula la forma en que se declaran
las situaciones excepcionales,
sus efectos y terminación.
721. ARTÍCULO 218. Ante la ocurrencia
de desastres de origen natural, tecnológico,
sanitario o de otra naturaleza,
en cuyas circunstancias se afecte
a la población o la infraestructura
social y económica, cuya magnitud
supere la capacidad habitual de respuesta
y recuperación del país o del
territorio afectado, se puede decretar
la Situación de Desastre.
722. La ley regula lo concerniente al establecimiento,
efectos y terminación
de las situaciones de desastres.
723. ARTÍCULO 219. Durante la vigencia
de las situaciones excepcionales
y de desastre, la ley determina los
derechos y deberes reconocidos por
la Constitución, cuyo ejercicio debe
ser regulado de manera diferente.
724. ARTÍCULO 220. El Consejo de Defensa
Nacional, una vez restablecida
la normalidad en el país, rinde
cuenta a la Asamblea Nacional del
Poder Popular de sus decisiones y
gestión durante ese período.
725. TÍTULO XI:
REFORMA DE
LA CONSTITUCIÓN
726. ARTÍCULO 221. Esta Constitución
solo puede ser reformada por la
Asamblea Nacional del Poder Popular
mediante acuerdo adoptado,
en votación nominal, por una mayoría
no inferior a las dos terceras
partes del número total de sus integrantes.

727. ARTÍCULO 222. Tienen iniciativa
para promover reformas a la Constitución:
728. a) el Presidente de la República;
729. b) el Consejo de Estado;
730. c) el Consejo de Ministros;
731. d) los diputados a la Asamblea Nacional
del Poder Popular, mediante
proposición suscrita por no menos
de la tercera parte de sus integrantes,
y
732. e) los ciudadanos, mediante petición
dirigida a la Asamblea Nacional
del Poder Popular, suscrita
ante el Consejo Electoral Nacional,
como mínimo por cincuenta mil
electores.
733. La ley establece el procedimiento
para su solicitud y realización.
734. ARTÍCULO 223. Cuando la reforma
se refiera a la integración y
funciones de la Asamblea Nacional
del Poder Popular o del Consejo de
Estado, a las atribuciones o al período
de mandato del Presidente de
la República, a los derechos, deberes
y garantías consagrados en la
Constitución, se requiere, además,
la ratificación por el voto favorable
de la mayoría de los electores de la
nación, en referendo convocado a
tales efectos.
735. ARTÍCULO 224. En ningún caso
resultan reformables los pronunciamientos
sobre la irrevocabilidad
del socialismo y el sistema político
y social establecidos en el artículo
3, y la prohibición de negociar bajo
agresión, amenaza o coerción de
una potencia extranjera, tal y como
se dispone en el artículo 12.
736. DISPOSICIONES ESPECIALES
737. PRIMERA: Los diputados a la
Asamblea Nacional del Poder Popular
de la IX Legislatura se mantienen
en sus cargos hasta tanto
concluya su mandato.
738. SEGUNDA: Se extiende el mandato
actual de los delegados a las
asambleas municipales del Poder
Popular hasta cinco años, contados
a partir de la fecha de su constitución.

739. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
740. PRIMERA: Antes del término de
seis meses, después de haber entrado
en vigor la presente Constitución,
la Asamblea Nacional del Poder Popular
aprueba una nueva Ley Electoral,
en la que regule la elección de
los diputados a la Asamblea Nacional,
su Presidente, Vicepresidente y
Secretario, el Consejo de Estado, el
Presidente y Vicepresidente de la
República, los miembros del Consejo
Electoral Nacional, los delegados
a las asambleas municipales del Poder
Popular, así como su Presidente,
Vicepresidente y Secretario.
741. SEGUNDA: Luego de aprobada la
Ley Electoral, la Asamblea Nacional
del Poder Popular, en el término
de tres meses, elige de entre sus
diputados, a su Presidente, Vicepresidente
y Secretario, a los demás
miembros del Consejo de Estado, y
al Presidente y Vicepresidente de la
República.
742. TERCERA: Una vez elegido, el Presidente
de la República propone a
la Asamblea Nacional del Poder
29
Popular la designación del Primer
Ministro, Viceprimeros Ministros,
el Secretario y demás miembros del
Consejo de Ministros.
743. CUARTA: Los delegados a las
asambleas municipales del Poder
Popular designan con posterioridad
a la elección y designación de los
integrantes de los órganos superiores
del Estado, a aquellos que van
a ocupar los cargos de intendentes.
744. QUINTA: Las asambleas provinciales
del Poder Popular se mantienen
en sus funciones hasta tanto
tomen posesión de sus cargos los
gobernadores, vicegobernadores y
los consejos provinciales.
745. SEXTA: La Asamblea Nacional del
Poder Popular en el término de un
año, luego de la entrada en vigor de
la Constitución, aprueba su Reglamento
y el del Consejo de Estado.
746. SÉPTIMA: El Consejo de Ministros
en el término de dos años de
vigencia de la Constitución, presenta
a la Asamblea Nacional del
Poder Popular el proyecto de nuevo
reglamento de ese órgano y el de los
gobiernos provinciales.
747. OCTAVA: La Asamblea Nacional
del Poder Popular en el término de
dos años de vigencia de la Constitución,
aprueba el reglamento de las
asambleas municipales del Poder
Popular y de sus consejos de administración.

748. NOVENA: Los tribunales mantienen
su actual estructura y funcionamiento.
El Consejo de Gobierno del
Tribunal Supremo Popular, en el término
de dieciocho meses de entrada
en vigor de la Constitución, presenta
a la Asamblea Nacional del Poder
Popular el proyecto de nueva Ley
de los Tribunales Populares, ajustado
a los cambios que en la presente
Constitución se establecen, así como
las propuestas de modificaciones
a la Ley de Procedimiento Penal y a
la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo,
Laboral y Económico,
que correspondan.
749. DÉCIMA: Antes del término de un
año de la vigencia de la presente
Constitución, la Asamblea Nacional
del Poder Popular aprueba, mediante
ley, las modificaciones legales
pertinentes para hacer efectivo lo
dispuesto en el artículo 68 de esta
Constitución, en cuanto a la institución
del matrimonio.
750. DÉCIMOPRIMERA: La Asamblea
Nacional del Poder Popular, en el
término de dieciocho meses de entrada
en vigor de la Constitución,
aprueba las modificaciones legislativas
requeridas para hacer efectivo
lo previsto en sus artículos 58 y 94,
referidos al derecho de defensa ante
los tribunales contra actos confiscatorios
de bienes por autoridades
administrativas y la posibilidad de
los ciudadanos de acceder a la vía
judicial para reclamar sus derechos,
respectivamente.
751. DÉCIMOSEGUNDA: Hasta tanto
se dicte la disposición legal para hacer
efectivo lo dispuesto en el tercer
párrafo del artículo 23 de la presente
Constitución, en lo referente a la
autorización para la trasmisión de
derechos sobre los bienes de propiedad
socialista de todo el pueblo,
el Consejo de Ministros o su Comité
Ejecutivo continúan disponiendo lo
pertinente al respecto.
752. DÉCIMOTERCERA: La Asamblea
Nacional del Poder Popular aprueba
en el término de hasta dieciocho
meses de entrada en vigor de la
Constitución un cronograma legislativo
que dé cumplimiento a la elaboración
de las leyes que desarrollan
los preceptos establecidos en esta
Constitución.
753. DISPOSICIONES FINALES
754. PRIMERA: Se deroga la Constitución
de la República de Cuba de 24
de febrero de 1976, tal como quedó
redactada por las reformas de 1978,
1992 y 2002.
755. SEGUNDA: La presente Constitución
entra en vigor a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de
la República.
Los números que se incorporan al inicio de
cada párrafo son con el objetivo de facilitar
el debate durante la consulta popular y el
análisis y procesamiento de las opiniones
que se emitan.

Glosario
A los efectos de la mejor comprensión
del proyecto de Constitución de la República,
se precisan los términos siguientes:
BIENES INALIENABLES:
Son aquellos bienes de propiedad socialista
de todo el pueblo y los que conforman
el patrimonio cultural; estos no se
pueden vender, ceder, donar o permutar
bajo ningún concepto.
BIENES INEMBARGABLES:
Son aquellos bienes de propiedad socialista
de todo el pueblo y los que conforman el patrimonio
cultural; estos no se pueden embargar
o incautar por ninguna autoridad.
CONSTITUCIÓN:
Es la Ley fundamental de un Estado. Establece
los principios y valores esenciales
de la organización sociopolítica de un
país y contiene sus fundamentos políticos,
económicos, sociales y jurídicos, así
como la estructura del Estado y sus relaciones
con los individuos.
CONSULTA POPULAR:
Forma de participación en la que el pueblo
emite su opinión sobre determinado asunto,
sin que ello tenga efectos vinculantes.
ENTIDADES:
Se emplea en su más amplia acepción
como persona jurídica que cumple funciones
económicas, sociales, culturales,
científicas, etc. Incluye las no estatales.
ESTADO:
Es el sistema de órganos mediante el cual
se ejerce el poder público y comprende
diversas funciones (legislativas, ejecutivas,
judiciales, de control, etcétera).
ESTADO SOCIALISTA DE DERECHO:
Es la concepción del Estado que refleja
que su estructura y funcionamiento se rigen
por el acatamiento a lo establecido
en la Constitución de la República y en el
resto de las disposiciones normativas que
conforman el ordenamiento jurídico.
GOBERNADORES:
Cargo con el que se reconocen a las autoridades
encargadas de las funciones ejecutivo-administrativas
en la provincia.
GOBIERNO:
Comprende a los órganos que tienen como
objetivo esencial la realización de actos ejecutivo-administrativos.
A nivel nacional es
el Consejo de Ministros; en la provincia,
los gobiernos provinciales y en el municipio,
los consejos de la administración.
HABEAS CORPUS:
Procedimiento jurídico que salvaguarda
la libertad de los ciudadanos ante
privaciones de libertad ilegales o arbitrarias,
y que garantiza el derecho de
las personas a acudir ante los tribunales
para que estos decidan si la detención
es legal o no.
IMPRESCRIPTIBILIDAD:
Significa que los derechos sobre los bienes
de propiedad socialista de todo el pueblo y
los que conforman el patrimonio cultural,
no prescriben, es decir, no pierden vigencia
por el transcurso del tiempo.
INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOS:
Significa que los derechos humanos no
pueden ser divididos ni fragmentados.
INTENDENTES:
Cargo con el que se identifica al que dirige
el Consejo de la Administración en los
municipios.
INTERDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS:
Reconoce que todos los derechos humanos
se encuentran entrelazados unos con
otros. Para la realización de un derecho
humano será necesaria la realización de
otros derechos; si es vulnerado un derecho
es innegable que se comprenderán
violentados otros.
LEYES:
Aunque literalmente el término hace
referencia a las disposiciones normativas
que aprueba la Asamblea Nacional
del Poder Popular, se concibe en el texto
además para referirse a cualquier tipo
de norma con independencia del órgano
que la emita.
MAYORÍA ABSOLUTA:
Es el modo de votación en el que se requiere
más de la mitad de los votos para
acordar una decisión, teniendo en cuenta
el total de los miembros que integran el
órgano que decide.
MAYORÍA SIMPLE:
Es el sistema de votación mediante el
cual se acuerda una decisión por la obtención
de más votos a favor que en contra,
con independencia del número que
se alcance.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA:
Es el acto mediante el cual un ciudadano
esgrime determinada creencia para no
cumplir una obligación o deber establecido
por la ley.
ÓRGANOS DEL ESTADO:
Incluye todos los órganos, organismos e
instituciones que permiten el desempeño
de las funciones del Estado.
PLEBISCITO:
Forma de participación popular directa,
dirigida a conocer la aprobación o no sobre
determinado acto o medida política
o de gobierno de relevancia para la sociedad.
PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS:
Es la posibilidad de reconocimiento a futuro
de derechos no comprendidos en un momento
histórico, sin que ello conlleve un
retroceso o regresión de los ya alcanzados.
REFERENDO:
Forma de participación directa, mediante
el cual se somete a decisión del pueblo
la aprobación, modificación o derogación
de determinada disposición jurídica
de trascendencia.
UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS:
Supone que todas las personas disfrutan
de todos los derechos humanos, sin distinción
alguna.
VOTACIÓN NOMINAL:
La que se efectúa indicando cada votante
su decisión a viva voz al ser nombrado en
la lista respectiva.